La corrupción sigue siendo el principal problema que afecta al Perú; reduce las posibilidades de desarrollo económico y humano mientras debilita nuestra ya frágil democracia. En 2021, los peruanos y peruanas perdimos más de S/ 24 mil millones, recursos que hubieran permitido mejorar la calidad de vida de miles de personas.
Los casos de corrupción en el Perú se suceden día a día. Desde los más altos funcionarios del Estado hasta los funcionarios de las entidades más pequeñas; se negocia las decisiones que afectan a miles de personas en el país.
En el marco del 201 aniversario de la declaración de Independencia y del nacimiento de la República del Perú, se hace preciso mirar nuevamente cómo la corrupción nos afecta y por qué es combatirla es una tarea de todos y todas.
LAS OPORTUNIDADES QUE PERDEMOS
Según cifras de la Contraloría General de la República, el Perú perdió S/ 24 mil 262 millones 964 mil 827 por la corrupción. Pero, ¿más allá de una cifra grande y fuerte; qué oportunidades nos robaron los corruptos?
El contralor general, Nelson Shack, explicó que esos más de S/ 24 mil millones financiarían 2 carreteras centrales nuevas. El equipo de De la Cifra al Rostro revisó las cifras e identificamos otras oportunidades perdidas a causa de la corrupción.
Según un reporte la Contraloría, 1 planta de oxígeno tiene un valor promedio de S/ 531,000.00 Teniendo esa cifra en cuenta, con los S/ 24 262´964,827, el Perú podría contar con 45 mil plantas de oxígeno; elemento que durante estos años de pandemia se volvió indispensable para salvar la vida de miles de personas.
El monto perdido por la corrupción representa 14 veces el monto total asignado en el presupuesto 2022 al sector educación; o 58 veces lo asignado para realizar visitas domiciliarias para prevenir la anemia que, al 2022 continua en niveles del 38.8% en niños de 0 a 3 años. ¿Cuántos niños sin anemia tendríamos?
El sueldo mínimo en Perú alcanza los S/ 1,025; una cifra aún por debajo de los S/ 1,512 en los que se estima el costo para cubrir la canasta básica familiar; pero, que permite cubrir las necesidades básicas más importantes. En 2021, el perdió recursos suficientes para que 1 millón 951 mil 219 peruanos y peruanas pudieran percibir el sueldo mínimo durante todo el año.
No es raro escuchar a las autoridades públicas señalar que no hay recursos para diversas demandas nacionales; pero, la realidad es que el Perú sí tiene los recursos. Lamentablemente, estos están terminando en manos de unos cuantos que, no solo roban dinero; le restan al Estado capacidad para atender y mejorar las condiciones de vida de los peruanos y peruanas para garantizar una vida digna.
UNA ESPERANZA EN LA ACCIÓN CIUDADANA
Sin embargo, aunque el escenario parece adverso y, a veces, pareciera que la corrupción y la impunidad nos ganan las batallas; reafirmamos nuestra convicción en que es una guerra que la ciudadanía unida, informada y activa debe asumir.
Por un lado, hay en los operadores de justicia ejemplos claros de compromiso anticorrupción y anti-impunidad; lo hemos visto a lo largo de la nuestra historia reciente: Desde el ex fiscal Avelino Guillén y el equipo que procesó los casos por derechos humanos y corrupción del régimen fujimontesinista hasta los equipos fiscales a cargo de casos emblemáticos como los Cuellos Blancos del Puerto y el caso Lava Jato.
A ese esfuerzo – que, a veces pareciera asilado y en riesgo por la propia institución a la que pertenecen – debe sumarse el rol activo de la ciudadanía peruana. Una ciudadanía activa, articulada, participante e informada es fundamental para hacerle frente a la impunidad y a la corrupción que nos sigue robando derechos, oportunidades y el futuro.
Vemos con entusiasmo el interés y compromisos de diversos sectores ciudadanos; los jóvenes, las mujeres de organizaciones sociales (como el Vaso de Leche, Comedores Populares, etc); hombres y mujeres en diversas regiones del país que apuestan por cambiar las cosas; por construir juntos un país sin impunidad, libre de corrupción y con plena vigencia de nuestros derechos fundamentales.
Un ejemplo de esa acción que no ha cesado, es la Iniciativa Ciudadana Contra la Corrupción de Ayacucho (ICCCA) liderada por jóvenes estudiantes de dicha región, comprometidos con combatir la corrupción desde sus diversos enfoques y eliminar la tolerancia a acciones irregulares; o la unión de más de 120 organizaciones a nivel nacional en la Coalición Ciudadana para Recuperar la Política que plantea una agenda ciudadana para avanzar reformas de fondo y una salida a la crisis política que vive nuestro país.
En esa línea, De la Cifra al Rostro es una iniciativa de diversas organizaciones articuladas en tres regiones, inicialmente – esperamos pronto seguir sumando aliados – que busca aportar con información para sensibilizar sobre cómo la corrupción tiene un efecto directo en la calidad de vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad y de nuestro país.